La Gaceta Oficial del 1º de mayo de 2017 pasará a la historia negra de la política latinoamericana. En sus 16 páginas, el presidente Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y creó una comisión presidencial con el objeto de elaborar “una propuesta de bases comiciales y sectoriales” para la conformación y funcionamiento de la citada asamblea.

Es por todos conocida la profunda crisis social, económica y, por ende, política que atraviesa Venezuela. Tras el fallecimiento de Hugo Chávez Frías, quien fue nombrado como su sucesor, Nicolás Maduro, ganó las elecciones del 14 de abril de 2013. Inició con esa presidencia un régimen poschavista que ha demostrado tener poco o nada que ver con el proceso de cambio iniciado en diciembre de 1998, cuando la partidocracia sucumbió ante los empujes populares que clamaban por un cambio del sistema político desde las raíces. En cuatro años el régimen de Nicolás Maduro ha socavado los cimientos populares que sustentaban con fuerza el proceso de cambio, ha violado los derechos humanos y ha sumergido al país en una ola de represión y de dificultades. Mientras, la corrupción ha campado a sus anchas. Una nueva aristocracia petrolera se ha conformado bajo el paraguas de la renta del crudo, el clientelismo, las comisiones por el manejo del mercado interior y la especulación de divisas en un ineficiente mercado cambiario controlado por el Gobierno.

El madurismo, consciente de la erosión de legitimidad que no pudo suplir con palabras vacías, alusiones permanentes e imágenes repetidas del fallecido presidente Chávez, ha evitado en los últimos años cualquier confrontación democrática en las urnas. Dificultó la convocatoria del referéndum revocatorio presidencial previsto en la Constitución (artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, CRBV), persiguió a cuanto movimiento, interno o externo, se le oponía y postergó sine die las elecciones a gobernadores y parlamentos de los Estados, incumpliendo la Constitución de 1999 y actuando con pretensiones autoritarias. El intento en abril de 2017 del Tribunal Supremo de finiquitar las competencias legislativas de la Asamblea Nacional, mayoritariamente opositora, radicalizó el conflicto y desnudó las verdaderas intenciones del madurismo.

La última sorpresa ha sido la convocatoria a una Asamblea Constituyente que Maduro realizó el pasado 1 de mayo y que se tradujo en el citado decreto, norma que requiere ser analizada desde dos puntos de vista: el de su oportunidad y el de su constitucionalidad.

Desde el punto de vista de la oportunidad, el decreto está dividiendo aún más a un país al borde de un definitivo conflicto violento. Se trata de una huida hacia adelante que fácilmente puede ser leída como un intento de mantener el poder a toda costa, a pesar de la imparable pérdida de popularidad y legitimidad. La propuesta del Gobierno significa arrasar con los avances democráticos de la Constitución de 1999 y redactar un texto constitucional que responda a los intereses de quienes ahora gobiernan y quieren seguir haciéndolo. El decreto no prevé un referéndum de activación del poder constituyente, como el que convocó Hugo Chávez en 1999; se plantea la elección de constituyentes representantes de los sectores sociales de incierta procedencia y elección. Pero el asunto más grave es que se trata de una convocatoria acomodada a los intereses del Gobierno y que desecha la idea de integrar a todos los sectores sociales, incluidos aquellos que se posicionan contra el madurismo. Por tanto, no se podría hablar de una Asamblea Constituyente democrática.

Quienes crean que los sectores que confrontan al actual Gobierno venezolano son exclusivamente la oposición golpista, aquella que siempre se ha posicionado contra el proceso de cambio, están totalmente equivocados. Por supuesto, también existen poderosos sectores de oposición no democrática. Pero en la actualidad buena parte de los sectores contrarios al Gobierno están formados por personas que participaron a favor del chavismo y que entienden que el madurismo ha traicionado los fundamentos democráticos del proceso iniciado en 1998. Estos sectores no se han movido de la posición ideológica que mantuvieron durante los últimos años y han reclamado en innumerables ocasiones una rectificación por parte del Gobierno. Rectificación que nunca ha llegado.

Desde el prisma de la constitucionalidad, el decreto es inconstitucional. Una lectura del artículo 347 de la CRBV (“El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente...”) y del artículo 348 CRBV (“La iniciativa a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros...”) solo puede tener una lectura democrática: la Constitución diferencia entre la decisión de convocar la Asamblea Constituyente y la iniciativa para tomar tal decisión. La iniciativa corresponde al presidente de la República, entre otros órganos; pero la decisión compete en exclusiva al pueblo. Por tanto, es requisito necesario el referéndum constituyente. En definitiva, Maduro tiene competencia para preguntarle al pueblo si quiere activar un nuevo proceso constituyente, pero no para convocarlo.

Consiguientemente, tanto desde la perspectiva de la oportunidad como desde un análisis jurídico, el presidente Maduro no puede convocar legítima y directamente una Asamblea Constituyente democrática. De consolidarse el decreto del 1º de mayo, el resultado sería una farsa que tristemente confirmaría la tendencia autoritaria del Gobierno.

Es por ello por lo que la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte del presidente Maduro, si se produce sin consultar al pueblo, sería un nuevo atentado a la voluntad democrática del mismo. Corresponde por tanto denunciarlo, en particular por quienes, fieles a la memoria del presidente Chávez, no pueden permitir que se acabe con el último vestigio del modelo impulsado por el creador de lo que se ha dado en llamar chavismo: la Constitución que Hugo Chávez Frías impulsó y que, bajo su Gobierno, permitió generar en Venezuela un modelo democrático y unas políticas públicas que, por primera vez en décadas, mejoraron el nivel de vida de las clases desfavorecidas y generaron un sistema de atención médica, educativa y social como escasas veces se ha dado en Latinoamérica.

Los argumentos anteriores no pueden descartar que en un futuro no deba pensarse en un nuevo proceso constituyente que mejore y actualice la Constitución de 1999. Pero este proceso debería ser democrático, fruto del principio una persona, un voto, impulsado desde la ciudadanía, producto de un auténtico diálogo social donde se incluya a los sectores opositores, y que huya de la violencia y la confrontación.

Tomado del diario El País de España

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sábado, 27 de mayo de 2017

¿FREÍR EN ACEITE A LOS CHAVISTAS?

Mario Villegas

La verdad es que, una vez que llegó a la Presidencia en 1999, Hugo Chávez Frías no le frió las cabezas a los adecos en aceite como había anunciado en un mitin interiorano. Pero su grave amenaza, así haya sido en sentido figurado, fue una mala semilla que aquel hombre sembró, fertilizó y regó con saña hasta su muerte para dejarnos esta terrible cosecha de odio, división y sed de venganza que por largo tiempo hemos venido padeciendo en Venezuela.

Así como algunos adecos insisten en negar que durante el gobierno de Rómulo Betancourt este dio la orden de “disparar primero y averiguar después” contra cualquier presunto subversivo, también la élite oficialista de hoy niega que Chávez dijera antes de ser Presidente que freiría la cabeza de los acciondemocratistas. Pero ha sido tal la pestilente retahíla de amenazas, imprecaciones, agresiones, insultos y descalificaciones que su líder supremo prodigó desde el poder a quien osara oponerse a su proyecto político y personal, que casi nadie duda que Chávez haya dicho lo que dijo y de lo cual no quedó prueba documental porque hace 20 años no había en manos del público, como sí ahora, muchos millones de teléfonos móviles equipados con cámaras fotográficas y de video, grabadoras de voz y demás aditamentos.

Hoy, de cualquier acontecimiento, por remoto u oculto que parezca estar, siempre relucirá algún registro tomado abierta o furtivamente por alguien para dejar constancia de cuanto ocurre bajo el sol.

Así que de la multitudinaria manifestación del sábado 19 de mayo efectuada en Caracas por la Mesa de la Unidad Democrática quedaron numerosos videos que hablan de la voluntad de cambio democrático en paz de la inmensa mayoría del pueblo venezolano, cuyas protestas callejeras cumplían aquella mañana cincuenta días consecutivos. Cientos de miles de hombres y mujeres de todas las edades y proveniencias sociales, color de piel, religión, condiciones físicas y preferencias sexuales, caminaron varios kilómetros desde sus casas para llegar al punto de concentración y desbordar un enorme trecho de la más ancha y larga autopista capitalina, mientras manifestaciones similares se replicaban por todo el país.

Pero también quedaron, para vergüenza de quienes defendemos ardorosamente y participamos de la justa protesta popular, registros documentales irrefutables de un hecho barbárico e inaceptable: un joven es golpeado salvajemente y acuchillado, para luego ser prendido en fuego por una turba de encapuchados que, por suerte, no lo mataron pero quemaron gravemente la mayor parte de su cuerpo y le dejaron heridas físicas y mentales para el resto de sus días.

No hay argumento para justificar semejante salvajada. Si el muchacho era un presunto infiltrado chavista o un delincuente común que estaba robando a algunos manifestantes, como se ha dicho contradictoriamente, no son razones para validar tal atrocidad que, para felicidad del gobierno, termina por desdibujar la acción no violenta de millones de venezolanos que vienen ejerciendo el derecho constitucional a manifestar en paz y enfrentan la represión policial, militar y paramilitar del gobierno.

De las millones de historias hermosas que se juntaron ese día para construir aquella contundente manifestación unitaria quedaron muchísimos videos profesionales y, sobre todo, de ciudadanos trocados en reporteros espontáneos. Sin embargo, lo que trascendió masivamente por los medios y las redes sociales, en Venezuela y en todo el mundo, fue aquella espantosa y bochornosa pieza en la que un hombre desnudo corre quemado por acción de un puñado de desalmados.

Quienes cometieron esa acción criminal jugaron en beneficio del gobierno, al cual sirvieron en bandeja de plata argumentos para tildar de violentos a todos los opositores, recrudecer la represión y tratar de resquebrajar el amplio apoyo internacional alcanzado por las justas manifestaciones que tienen lugar en el país por el restablecimiento del orden constitucional y el cambio democrático en paz.

Es el gobierno el principal impulsor y ejecutor de la violencia. Y lo hace porque ese es el terreno en el que mejor se mueve y su arma más poderosa. La nuestra es la acción pacífica, la única que suma y multiplica. Por desgracia, esta tiene enemigos no solo en el oficialismo sino también en ciertos sectores ultrarradicales que favorecen los intereses del gobierno, bien sea accidental o deliberadamente. Entre esos están quienes apalearon y quemaron al joven en Altamira y que, puestos alguna vez en posiciones de poder, disfrutarían de achicharrar en aceite la cabeza de los chavistas o de cualquier otro cristiano que les caiga en gracia.

UN MONSTRUO CAPAZ DE TRAGARSE AL ESTADO

Gerónimo Figueroa Figuera


Tal como plantea Nicolás Maduro el mamotreto de constituyente sin la participación del voto soberano del pueblo, como legitimo depositario del poder Constituyente Originario y con la complicidad de Tibisay Lucena, negando lo establecido en el artículo 347 de la Constitución Nacional, esta pareja maligna para los intereses venezolanos lo que busca es crear un monstruo con capacidad de tragarse el estado constitucional de un solo bocado. No es verdad que el régimen lo que busca es la paz y resolver la crisis social que vivimos, porque una constituyente no es para esa vaina. Aunque míster gomina de ojos dormidos Escarrá, diga lo contrario. 

En ese sentido tal como se han puesto las cosas en nuestro país, la lucha que se debe plantear en los sectores democráticos es la de calle sin retorno. Aquí pudiéramos parodiar la del jugador de cartas que está perdiendo la partida y se restea con la última apuesta buscando el desquite. Mientras que del otro lado de la mesa está el otro jugador tratando de matar la partida para llevárselo todo. En el caso de nuestra realidad Nicolás Maduro tira la parada con el mamotreto constituyente con el propósito de declarar legalmente la dictadura comunista en Venezuela y nosotros tenemos la obligación de impedirlo como.

Vimos como Tibisay Lucena mostrando una vez mas la costura y diciendo del lado donde está, después de recibir de Nicolás las bases comiciales del mamotreto constituyente con el cual Nicolás pretende darle la estocada final a la democracia venezolana, muy diligentemente anunció que el proceso electoral para este mamotreto se realizará a finales de julio, y al mismo tiempo anunció las elecciones regionales que están vencidas desde diciembre del año pasado, para el 10 de diciembre de este año, como una especie de caramelo para endulzar lo amargo que ella considera caerá para nosotros la convocatoria de ese adefesio jurídico que llaman constituyente.

Ahora bien, reflexionemos un poco y pongamos todo en contexto. Tibisay durante casi todo el año 2016 tuvo la lengua dormida para hablar de las elecciones de gobernadores que correspondían hacerlas ese año, hasta que a finales a octubre después de matar el referendo revocatorio anunció como caramelo que las elecciones de gobernadores se realizarían a finales del primer semestre del 2017 y las de alcaldes para finales del segundo semestre, pero llegado el 2017, en complicidad con los del tsj anunció que los partidos políticos tenían que revalidarse para poder participar en los venideros procesos electorales, asegurando que ese proceso concluiría el mes de mayo. 

Ahora Tibisay anuncia que el mamotreto constituyente se elegirá en julio y para el 10 de diciembre las elecciones regionales, sin mencionar para nada las de alcaldes que se vencen en diciembre de este año. En ese sentido la jugada consiste que después de electos en julio los integrantes del mamotreto constituyente lo declaran supraconstitucional como ocurrió en 1999 y elimina todos los poderes constituidos, especialmente la Asamblea Nacional y la Fiscalía General que son las que en este momento les estorban. Igualmente suspenderían todos los procesos electorales, incluyendo el de gobernadores convocado por Tibisay. El juego está clarito y quien no lo vea así, tendrá sus razones.

Ahora bien. Qué hay que hacer de este lado?. Mantener lo que se ha hecho en los últimos dos meses, presionar en la calle pero con mas fuerza y con mas inteligencia. Igualmente denunciar ante el mundo las pretensiones de Nicolás y procurar que la comunidad internacional se pronuncie, así como 10 presidentes de países de la región condenaron la represión a las marchas y la suspensión de las elecciones, también lo hagan descociendo el mamotreto constituyente por seguir rompiendo el hilo constitucional. La opinión de la comunidad internacional sobre este caso sería muy importante y ayudaría mucho a la lucha de calle llevada por nosotros internamente. 

Igualmente y en ese mismo orden, ahorita que la Fiscal Luisa Ortega Diaz está denunciando la violación de los Derechos Humanos en las marchas y al mismo tiempo cuestionando que los manifestantes estén siendo juzgados en tribunales militares, la ciudadana Fiscal debe pronunciarse de forma contundente contra la ruptura del hilo constitucional que representa el mamotreto constituyente, tal como lo hizo en su oportunidad con las sentencias 155 y 156 de la sala constitucional que eliminaba todas las competencias de la Asamblea Nacional, desconociendo de paso el proceso electoral del 6 de diciembre de 2015, donde votamos mas de 14 millones de venezolanos.

Hasta los momentos la Fiscal Luisa Ortega ha dicho que el mamotreto constituyente no resolverá los problemas de escasez de comida y de alimentos, que mas bien los profundizará. Además que ayudará a crecer la polarización existente. Esa declaración aunque tiene buenas intenciones, es considerada política, pero si Luisa Ortega dice que el mamotreto de constituyente rompe con el hilo constitucional, no solo tendría mas fuerza, sino que estaría dentro las competencias que le otorga la Constitución Nacional como guardián del sistema jurídico venezolano, tal como lo han hecho valientemente una Magistrada y un Magistrado del TSJ. 

Así que mis queridos amigos y lectores, las cartas están echadas y ya estamos en el 350 de la Bolivariana-

ESA CONSTITUYENTE ES INVIABLE


Luis Martínez

El juego esta trancado. El gobierno con la constituyente lapidó cualquier posibilidad de dialogo, acuerdo o negociación. Los factores radicales asumieron la vanguardia e imponen la represión como medida para sustentar a sangre y fuego un fraude constitucional que consideran les dará el paraíso político para desatar todas sus miserias. Ellos no son capaces (o no quieren) de palpar la enorme presión que se incuba en cada venezolano que no encuentra medicina y ve morir de mengua a sus seres queridos, que no encuentra alimentos y cuando los consigue la inflación los hace incomparables, que ve deteriorar día tras día su calidad de vida y encima de eso, cuando osa protestar pacíficamente, es atacado impunemente por las fuerzas represivas del gobierno sin compasión alguna, produciendo muerte y desosiego en la familia venezolana.

No creo en una constituyente espuria, divisionista e impositiva que quiera ser utilizada para destruir la estructura democrática del país y para aplastar a los adversarios políticos que piensan distinto a quienes gobiernan. Igual puedo decir que no creo en el planteamiento unilateral de elecciones generales que impulsan algunos sectores de oposición como la vía para cambiar al gobierno. Estas no están establecidas en la constitución y solo sería posible bajo un acuerdo político que no existe hasta los actuales momentos. Son los extremos que en nada ayudan a resolver la crisis política que agobia al país.

El gobierno ostenta la mayor responsabilidad en la crisis que se ha desatado en Venezuela. Si desde un principio hubiesen establecido un cronograma electoral para realizar las elecciones de gobernadores, alcaldes y presidente, tal como lo establece la constitución, cualquier otra opción al margen de esta hubiese sido minimizada. Por ello no hay excusa alguna que valga. Asumieron desde un principio la idea de saltar cualquier elección que pudiera infringirle alguna derrota electoral y ahora, en una política lúgubre y suicida, pretenden avanzar hacia un estado totalitario barnizado con elecciones de segundo y tercer grado. Si el gobierno no reflexiona y suspende ese adefesio de constituyente chimba; ni reprimiendo podrá sustentarse. El pueblo venezolano sabrá responder.

A estas alturas todavía hay tiempo para retomar el hilo constitucional y establecer con claridad un cronograma electoral que le ponga fecha a las elecciones vencidas y las que están por vencer (gobernadores, alcaldes y presidente) avaladas y refrendadas por personas e instituciones internacionales que sirvan de garantes a esos procesos. Ese punto de encuentro es posible si: sectores dentro del gobierno que muestran preocupación por el rumbo que ha tomado la situación política en el país, asumen posturas más beligerantes, aun a costa de confrontar a la delincuencia radicalizada que no quiere soluciones pacíficas a la crisis. Y sectores dentro de la MUD son capaces de impulsar y procurar una solución viable, constitucional, democrática y electoral que serviría de proceso transitorio al cambio político que más del 80% de los venezolanos desean. Cualquier otra solución, para bien o para mal, es de fuerza. Esa constituyente es inviable.

MILITARIZACIÓN DE LA JUSTICIA: ESTADO PRETORIANO

José R. López Padrino


El régimen de Maduro ha dispuesto el enjuiciamiento masivo de civiles por parte de tribunales militares, medida que constituye una transgresión del debido proceso, y desnuda la naturaleza militarista-dictatorial del actual régimen propia de las experiencias nazi-fascistas del pasado siglo XX

El uso de la jurisdicción militar como parte de la criminalización de la protesta social es parte del legado del tte coronel y su falaz socialismo del siglo XXI. Fue el mismo tte coronel quien en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional Bolivariana dispuso el uso de los tribunales militares y de los grupos paramilitares (defensa integral) contra aquellos que ejercían el derecho a la protesta. Nacía el concepto del Estado Cuartel.

Lo que hemos vistos en las calles de las principales ciudades del país ha sido la imposición de una rígida lógica militar "amigo-enemigo" por parte de la Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana y los grupos paramilitares chavistas, donde los manifestantes se han transformado en el "enemigo interno" a los cuales hay que exterminar militarmente. Han sustituido el uso de la Fuerza Armada de garante de la "defensa externa", por el de "la seguridad interna y el control social". Justifican, así, la instauración de un "terrorismo de Estado Bolivariano" como sistema de acción política. Se ha institucionalizado una complicidad perversa entre la FAN-cuerpos de seguridad y las bandas hamponiles del régimen como estrategia de guerra contra quienes disienten de la política oficial. Guerra que se desarrolla en el seno de la sociedad misma -no en el campo militar- y que ha implicado el uso sistemático de la violencia y el asesinato contra objetivos civiles. El desprecio y odio hacia los manifestantes por parte de la GN y PNB recapitula la conducta de los miembros de las Escuadrillas de Protección (SS) en la Alemania de Hitler, o tal vez los integrantes de la Organización para la Vigilancia y la Represión del Antifascismo (OVRA) en la Italia de Mussolini. Su comportamiento evidencia la voluntad siniestra de perseguir al disidente hasta su muerte.



El régimen ante la conducta del Ministerio Público (no imputar a manifestantes o no solicitar la privativa de libertad como aspira el gorilato bolivariano), ha decidido el uso de la jurisdicción militar para castigar a los participantes en las movilizaciones para protestar contra un régimen oprobioso y represivo. Activistas sociales y políticos, amas de casa, estudiantes, campesinos y trabajadores se cuentan entre las víctimas que han sido sometidos a la aplicación arbitraria e inconstitucional de la justicia militar. La Constitución Nacional es clara cuando en sus artículos 49 y 261 expresan claramente que todos debemos ser juzgados por nuestro juez natural. Igualmente, el uso de tribunales militares para juzgar a civiles representa una abierta violación a lo establecido en los artículos 2.3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Jurídicamente representa un proceso viciado ya que el tribunal militar, quien juzga al procesado, carece de la independencia necesaria, ya que, por razones de obediencia militar a sus superiores están supeditados al mando del comandante en jefe, es decir los caprichos del discípulo del santón de Sathya Sai Baba. Constituye un quiebre definitivo del Estado de derecho, frente a lo cual el inefable defensor del pueblo Tarek William Saab no solo ha guardado un silencio lúgubre, sino que difunde falsas informaciones por las redes sociales a fin de estigmatizar a quienes protestan en contra del régimen espurio.

Organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos (Provea y Cofavic) han manifestado su preocupación por el sometimiento de ciudadanos civiles a la jurisdicción militar ya que ello representa la ruptura del hilo Constitucional y el abandono del Estado de Derecho frente a un tutelaje militar que pretende imponer la unión cívico-militar bolivariana.

Es por demás interesante señalar que la Doctrina de Seguridad Nacional Bolivariana (militarización de la sociedad y la justicia, eliminación del enemigo interno, defensa integral) que hoy invoca el iletrado Maduro y su siniestra logia militar es la misma posición ideológica que fue usada en el siglo pasado para legitimar el militarismo represor especialmente en el Cono Sur. Nos retrotrae a los tiempos de Pinochet en Chile, de Castelo Branco en Brasil, de Videla en Argentina, de Bordaberry en Uruguay, de Hugo Banzer en Bolivia, de Stroessner en Paraguay, entre otros. Afortunadamente el tiempo ha demostrado la inviabilidad de esos proyectos dictatoriales, como seguramente sucederá con el facho-bolivarianismo. Parafreseando a Miguel de Unamuno (1864-1936) “no lograron convencer nunca”.

Hay que acotar que la utilización de tribunales militares para juzgar a detenidos civiles no es nada nuevo en nuestra historia reciente. Betancourt en la década de los 60 también apeló a la jurisdicción militar y a la aplicación del Código de Justicia Militar para enjuiciar a militantes del PCV y del MIR que luchaban en contra de su gobierno. Decenas fueron enviados a la Isla del Burro, la Cárcel Modelo, al Castillo Libertador y al Cuartel San Carlos a purgar sus sentencias.

Los insurgentes del ayer, son los fascistas del presente. Son los miserables que aplauden y felicitan a la GN y PNB por su criminal represión ("Hay que reivindicar el trabajo de la PNB y GNB" Ernesto Villegas). Son los verdugos y asesinos que desde Miraflores hablan cínicamente de amor y de paz mientras reprimen sin tregua, acosan, encarcelan y eliminan a quienes protestan en contra de su proyecto hegemónico.

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